Castilla y León invertirá más de un millón de euros para adaptar los emisores de TDT
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la inversión de 1.089.000 euros para la adaptación y adecuación de las emisiones de televisión en 220 centros de la Comunidad dentro del marco del Plan Nacional de la TDT con motivo de la liberación del dividendo digital.
De esta forma, y según explicó el portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, se efectuarán los ajustes necesarios para asegurar la correcta emisión de los canales en sus nuevas frecuencias.
Según recordó, la Junta es titular de una red de centros emisores y reemisores de Televisión Digital Terrestre (TDT) que extienden la cobertura de canales de ámbito nacional y autonómico a zonas no cubiertas por las obligaciones de las entidades habilitadas para prestar el servicio de difusión de TDT y que incluyen tanto la infraestructura como los medios eléctricos, electrónicos y de emisión en distintos emplazamientos de la Comunidad.
Esta red de centros TDT requiere actuaciones que aseguren su adecuación a la normativa técnica vigente, en concreto, la adaptación de las frecuencias de emisión a la planificación del espectro determinada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Gobierno de España.
Por otra parte, el Ejecutivo regional aprobó también el nuevo reglamento de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, un órgano de evaluación externo adscrito a la Consejería de Educación que posee personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y patrimonio propio para el ejercicio de sus funciones.
Dicho reglamento establece los criterios generales de actuación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, su política de calidad, así como sus órganos de gobierno, comisiones de evaluación y personal, conforme a la Ley de Universidades de la Comunidad.
Sus órganos de gobierno son el consejo de dirección, que puede actuar en pleno o en comisión permanente, y el director. Además, cuenta con un consejo asesor, un órgano colegiado de carácter consultivo.
Por último, se dio luz verde a una partida de 691.500 euros para la contratación del suministro eléctrico de 68 centros administrativos del Servicio Público de Empleo en las nueve provincias de la Comunidad, según la agencia Europa Press.
