La TDT a la espera del Supremo sobre la eliminación de canales

El sector audiovisual lleva un año esperando una solución definitiva para el reparto de canales de la TDT, después de que el Tribunal Supremo declarará nulo en diciembre del año pasado la distribución de cadenas que realizó el anterior Gobierno. Ahora, otra sentencia «inminente» del mismo tribunal podría acelerar la configuración del nuevo panorama audiovisual.

Ignacio Sánchez, portavoz de Infraestructuras y Gestión, la compañía que logró que el Supremo anulara el reparto de cadenas de TDT realizado por el anterior Ejecutivo, ha señalado que prevén una respuesta «inminente» del Alto Tribunal a una petición posterior para que el Gobierno no demore más su decisión.

El procedimiento se remonta a diciembre del año pasado, cuando el Supremo estimó parcialmente un recurso presentado por Infraestructuras y Gestión 2002 y declaró nulo un acuerdo del anterior Gobierno de 2010 por el que se entregó un múltiple completo –con capacidad para emitir cuatro canales convencionales– a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta por no ser conforme a derecho, al no haber realizado concursos públicos.

Tras cuatro meses de esa sentencia, en marzo de este año, el Gobierno aprobó la ejecución de la sentencia, aunque ligó su cumplimiento al proceso abierto del ‘dividendo digital’, por el que se van a mudar algunos canales de televisión de frecuencia en los próximos meses para dejar espacio libre a la llegada de la telefonía 4G de última generación.

La decisión del Gobierno de unir por un lado la sentencia del Supremo, que se refería a una decisión del anterior Gobierno, con la liberalización del ‘dividendo digital’, que llevaba tiempo negociando con las cadenas privadas, hizo despertar las suspicacias de que el Ejecutivo pretendiera reducir el coste que iba a suponer el ‘dividendo digital’ quitando canales a la TDT.

El propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este mismo mes que la sentencia del Supremo implicará liberar nueve canales de televisión. Un extremo en el que no están de acuerdo las cadenas privadas, que respondieron al ministro con un comunicado en el que avisaban de que «no existen razones técnicas para la reducción de la oferta de canales» y «las alusiones a su merma son una clara amenaza para la actual pluralidad».

Nuevo pronunciamiento del Supremo

La clarificación sobre el número de canales afectados podría llegar del mismo Supremo, ya que según ha explicado el portavoz de Infraestructuras y Gestión se prevé que antes de fin de año el tribunal se pronuncie sobre un incidente de ejecución planteado por la compañía para que el Supremo se pronuncie sobre el «número de canales concretos» que se ven afectados por su sentencia.

Asimismo, en el mismo incedente de ejecución planteado por Infraestructuras y Gestión, la compañía ha pedido que el Supremo obligue al Gobierno a ejecutar ya la sentencia, anulando la «autorización transitoria» que dio en marzo a las cadenas para seguir emitiendo donde actualmente lo hacen mientras se libera el ‘dividendo digital’, lo que podría adelantar la solución del Ejecutivo.

También Uteca, la patronal de las cadenas privadas, es parte en este procedimiento, después de que en abril interpusiera un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de ejecutar la sentencia, al considerar que la acción del Ejecutivo colocaba al sector audiovisual en una «situación de inseguridad jurídica sin precedentes».

En paralelo a estos movimientos en los tribunales, el Gobierno ha seguido negociando con las cadenas privadas la liberación del ‘dividendo digital’. La intención inicial del Ejecutivo es que las cadenas dejen libre la banda de frecuencias de 800 MHz para las compañías de telecomunicaciones antes de enero de 2014. Un objetivo «completamente irreal», para la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel).

Tanto Fenitel como las cadenas privadas han señalado que, sea cual sea la nueva sentencia del Supremo, la decisión que adopte el Gobierno respete el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) de hace más de un año, corroborado por un Consejo de Ministros posterior, que permitía facilitar la liberalización del ‘dividendo digital’ conservando los actuales canales mediante la compresión de la señal.

EP