Uteca urge al Gobierno a despejar las dudas sobre el dividendo digital
La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) ha manifestado su preocupación por la demora en las asignaciones definitivas de frecuencias necesarias para el mantenimiento de las emisiones actuales de televisión en abierto.
Esta es la consecuencia del denominado ‘dividendo digital’, por el que las televisiones tienen que entregar parte de las frecuencias actualmente en uso a los operadores de telecomunicaciones para servicios de cuarta generación.
La patronal que agrupa a los cuatro operadores de TDT de cobertura nacional en abierto ha denunciado en un comunicado que el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) de hace más de un año, corroborado por un Consejo de Ministros posterior, «no ha surtido efecto y los plazos se acortan haciendo cada vez más difícil la ejecución de las tareas necesarias».
Uteca sostiene que, según este acuerdo, no existen razones técnicas para la reducción de la oferta de canales, y las nuevas alusiones que ha hecho a ella esta semana el Gobierno, a través del ministro de Industria, José Manuel Soria, «son una clara amenaza para la actual pluralidad, para el desarrollo de la Alta Definición en términos de neutralidad tecnológica con otras plataformas, para la integridad de las inversiones y para la seguridad jurídica».
Soria ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de cerrar nueve canales de TDT, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la adjudicación de frecuencias que realizó el Gobierno Zapatero en 2010.
En opinión de Uteca tampoco existen razones legales para cambios sustantivos del ‘statu quo’, y se remite a un reciente trabajo publicado por el catedrático y exministro de Justicia Tomás de la Quadra, que acredita que la actual distribución es legítima, dado el cumplimiento por parte de las televisiones de todas las obligaciones que les impuso la normativa para hacer posible la transición a la TDT, de modo que la reducción de canales supondría un claro perjuicio para esos operadores del que tendrían que ser resarcidos por el Estado.
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