Peritos judiciales creen que Astra dejó de ingresar 15,2 millones por cancelación del contrato de la TDT
Los peritos judiciales que han participado este miércoles en el juicio contra el Gobierno de Cantabria por la rescisión del contrato con SES Astra para la implantación de la TDT en la comunidad autónoma han asegurado que la empresa dejó de percibir 15,2 millones de euros por la cancelación de la adjudicación.
Los peritos judiciales que han participado este miércoles en el juicio contra el Gobierno de Cantabria por la rescisión del contrato con SES Astra para la implantación de la TDT en la comunidad autónoma han asegurado que la empresa dejó de percibir 15,2 millones de euros por la cancelación de la adjudicación.
Ambos peritos judiciales han realizado esta cálculo entendiendo que el contrato era para un «largo plazo» y en base a una previsión de diez años, una posibilidad que se contemplaba en el contrato, ya que aunque se establecía un plazo inicial para la explotación del servicio de un año, se establecía la posibilidad de una prórroga de hasta diez años.
Además, los peritos consideran «una bestialidad» el coste de haber reorientado las antenas en el caso de que una vez que SES Astra hubiera comenzado a prestar ese servicio en base al contrato firmado con IDICAN, actual Sodercan, se hubiera decidido cambiar de proveedor a Hispasat Abertis, ya que cifran el gasto entre 6,5 y 7,6 millones de euros.
La empresa, en sus conclusiones finales, mantiene su reclamación de 21,9 millones de euros.
El Ejecutivo regional adjudicó a Astra en marzo de 2008 la implantación de la TDT en Cantabria por un importe de 4,5 millones de euros. En noviembre de ese mismo año, la Consejería de Industria decide rescindir el contrato tras la decisión de la Administración General del Estado de implantar en todo el territorio nacional los servicios de televisión digital.
El concurso para la universalización de la televisión digital en el territorio de la comunidad autónoma, que incluía también servicios de Internet de banda ancha, fue convocado en febrero de 2008 y a él concurrieron también Telecom Castilla La Mancha; Abertis Telecom y la UTE Telefónica Servicios Audiovisuales y Sermafas Telecomunicaciones. La adjudicación se hizo a través de una encomienda de gestión a la sociedad pública regional IDICAN.
EP
