La Audiencia Nacional avala que TVE puje por la Champions
La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia por la que avala la decisión de TVE de pujar por los derechos de la Champions League, competición que está emitiendo actualmente la cadena pública.
La sentencia, dictada el pasado 21 de marzo y dada a conocer por TVE, desestima el recurso que interpuso Gestevisión Telecinco contra una resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información que archivó su petición de que RTVE retirase la oferta presentada para la adquisición de los derechos de la Champions para el periodo 2012-2015.
La Audiencia señala que TVE no tiene prohibido en la Ley Audiovisual ‘pujar’ por esta clase de derechos, sino sobrecotizar o sobrepujar, en el sentido que viene dando la Comisión Europea a este concepto.
La sentencia indica que RTVE puede concurrir a la subasta de los derechos del fútbol y que, aunque esta tenga un alto valor comercial, no resulta incompatible con la misión de servicio público, coincidiendo con su alto interés deportivo y su evidente interés para la sociedad.
Precisamente la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) acusó la semana pasada a TVE de «romper el mercado» de los derechos de retransmisión deportivos, al pujar por los partidos de la selección española de fútbol durante la fase clasificatoria de la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018.
En opinión de la patronal que agrupa a los cuatro operadores de TDT en abierto de cobertura nacional, TVE está además incumpliendo la legislación vigente al participar en este proceso de adjudicación «con una oferta que rompe totalmente el mercado y que desvirtúa la ley de la oferta y la demanda».
Para la patronal que agrupa a los operadores de televisión de ámbito estatal, TVE encarece «contra toda lógica» el precio de estos derechos e «incumple flagrantemente» la Ley General Audiovisual. Alega en concreto que el artículo 47.3 de esta ley dice que «los prestadores de servicios públicos de comunicación audiovisual no podrán subcotizar los precios de su oferta comercial y de servicios ni utilizar la compensación pública para sobrepujar frente a competidores privados por derechos de emisión».
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