El panorama de la TDT en España tras la sentencia del Supremo

El Consejo de Ministros del 16 de julio de 2010 acuerda asignar un múltiplex estatal a cada sociedad concesionaria. Apenas cuatro meses más tarde, el Tribunal Supremo sentencia la anulación de este acuerdo.

Mediante resolución de 22 de marzo de 2013 se ordena la ejecución de la sentencia con el consiguiente cese genérico de la actividad de los canales afectados, aunque permite continuar con las emisiones hasta el fin del proceso de liberación del dividendo digital ( con el despliegue de la telefonía móvil 4G por la banda de los 800 MHz).

El pasado 18 de diciembre, el Tribunal Supremo desestima las pretensiones de UTECA y de las televisiones afectadas e impone el cese inmediato de las emisiones de un total de 9 canales: 3 de Atresmedia, 2 de Mediaset, 2 de Veo Tv y 2 de Net Tv.

çPese al criterio que primó en marzo, ahora el alto tribunal, ante la falta de clarificación respecto al proceso final del dividendo digital, opta por ordenar el cese inmediato de estos 9 canales.

El Supremo ha declarado así nula la asignación de múltiplex digitales (con capacidad para 4 canales) por falta de concurso público recordando que en la Ley General del Audiovisual (LGCA) en vigor se determina que toda licencia conlleva la convocatoria de concurso. El tribunal sostiene que otorgar esos nueve canales significa una actuación en base a reglamentos previos a la LGCA.

La posición de UTECA

En este nuevo panorama, Atresmedia, perdería tres canales (de 8 pasa a 5), Mediaset perdería dos canales (de 8 pasa a 6), Veo Televisión perdería dos canales (de 4 pasa a 2) y Net Televisión perdería dos canales (de 4 pasa a 2).
Ante el pronunciamiento del Supremo, la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA) ha asegurado que éste “no es contra la actuación de las televisiones, sino contra una decisión del Consejo de Ministros, lo cual abre la puerta a que el Estado deba asumir frente a ellas fuertes indemnizaciones, como reconoce el propio Tribunal”.

Para UTECA, el Auto no cuestiona el estricto cumplimiento por los operadores de televisión de todas y cada una de las obligaciones impuestas por los distintos gobiernos durante los cinco años del proceso de transición de la televisión analógica a la TDT, ni tampoco la legitimidad de la confianza de esos operadores en la culminación del proceso con la adjudicación de los canales ahora anulada por el Supremo. En este sentido, los operadores han actuado en todo momento de buena fe y han asumido las obligaciones y ejecutado con disciplina los planes que las diferentes Administraciones han ido estableciendo en el proceso de implantación.

Las privadas entienden que este nuevo paso “pone en situación de grave precariedad a gran parte del sector, al eliminar miles de horas de emisión con sus correspondientes empleos asociados, directos e indirectos, agravando aún más la difícil situación económica por la que atraviesa un sector que ha destinado a la implantación de la TDT cientos de millones de euros durante los últimos ocho años. A este notable esfuerzo sectorial hay que sumar la importante inversión realizada por los ciudadanos para adaptar sus antenas y equipos para la recepción de los nuevos canales TDT, parte de los cuales ahora se pretende cerrar”.

Panorama Audiovisual