Recuperar las ayudas ilegales de la TDT dejaría sin TV a 1,2 millones de personas

El Gobierno español ha advertido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que recuperar las ayudas ilegales concedidas a partir de 2005 para facilitar la llegada de la TDT a zonas remotas tras el «apagón analógico», tal y como ha exigido Bruselas, puede dejar sin televisión a 1,2 millones de personas y provocar el cierre de «muchos de los proveedores» que se beneficiaron. Pese a esta petición, Luxemburgo ha rechazado los argumentos de España y ha calificado de «suposiciones» las advertencias del Gobierno.

El Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, había pedido el Tribunal de Luxemburgo que aplazara provisionalmente la recuperación de esas ayudas, cifradas en más de 236 millones de euros, hasta que haya un fallo firme sobre el recurso que España ha presentado contra la decisión de la Comisión Europea, que declaró en junio ilegales las ayudas por discriminar a otras tecnologías, como el satélite, en favor de la TDT.

Con el propósito de tratar de aplazar la decisión de Bruselas, España alegó ante el tribunal que la recuperación de esas ayudas puede implicar «la interrupción del servicio de TDT en las zonas remotas y menos urbanizadas de las comunidades autónomas», lo que «impediría a 1.200.000 habitantes, incluidas grandes bolsas de grupos desfavorecidos de ciudadanos tales como ancianos y población con rentas bajas, ejercer su derecho fundamental a la información al privarles de la posibilidad de acceso a cualquier canal de televisión».

Además, el Gobierno había señalado que «muchos de los proveedores del servicio de mantenimiento de los centros de emisión» a los que se concedieron ayudas son «en su mayoría pequeñas y medianas empresas (PYMES) de ámbito rural» que dan empleo a 5.000 personas y que «suspenderían pagos y entrarían en concurso si tuvieran que devolver las ayudas abonadas y perder su negocio de mantenimiento».

Según España, la decisión impugnada también conllevaría «la desaparición por insolvencia de algunas empresas públicas de las comunidades autónomas que han puesto en marcha los centros de emisión y asumen actualmente su mantenimiento», así como «una importante pérdida de ingresos por impuestos» y la imposibilidad de «liberar el ‘dividendo digital'» en esas zonas remotas, impidiendo la implantación de la banda ancha ultrarrápida, con un perjuicio económico para el Estado de 700 millones de euros al año.

Luxemburgo rechaza el aplazamiento

En su fallo, dado a conocer este miércoles, el Tribunal de Luxemburgo considera, sin embargo, que ninguna de estas circunstancias justifican que se demore la ejecución de la decisión de Bruselas y califica de «suposiciones no afianzadas las alegaciones del Reino de España relativas a la producción de los perjuicios que correría el riesgo de sufrir en caso de ejecución inmediata de estas medidas».

En este sentido, da la razón a la Comisión Europea que puso de relieve que España no ha aportado «ni el más mínimo elemento de prueba» para apoyar sus afirmaciones y señaló que, a diferencia de lo sostenido por el Gobierno español, «los mayores beneficiarios de la ayuda controvertida eran grandes empresas con recursos financieros considerables, que, lejos de estar en peligro de desaparecer, tienen la capacidad de mantener en funcionamiento tales centros de emisión». Concretamente, Bruselas ha señalado a Abertis y Retevision.

En cualquier caso, el tribunal anima a España a llegar a una solución con Bruselas «compatible con el Derecho de la Unión», que permita garantizar que las personas que viven en esas zonas remotas (alrededor del 2,5% de la población española) puedan seguir viendo la televisión mientras se recuperan las ayudas y se toman las medidas necesarias para garantizar que otras empresas distintas a los operadores de TDT, como puede ser el satélite, compitan para ofrecer sus soluciones.

Se gastó diez veces más de lo necesario

El caso se remonta a 2005, cuando el Gobierno se preparaba para ‘apagar’ la televisión analógica y dar paso a la TDT. El coste de llevar la nueva televisión digital a la mayoría de la población fue asumida por las cadenas privadas, pero de esa mayoría quedaban excluidas alrededor de 1,2 millones de personas que vivían en regiones remotas y que, para que les llegara la señal, las cadenas se veían obligadas a realizar unas inversiones que consideraron no rentables.

En ese momento, el Ejecutivo se comprometió a subvencionar los costes para que televisión llegara a esas regiones más remotas de España. Lo que ha motivado el conflicto es que en lugar de abrir la posibilidad a que operadores de distintas tecnologías (como el cable, el satélite o Intenert) presentaran sus ofertas para llevar la televisión a esas zonas, se decidió favorecer a la tecnología de televisión terrestre, lo que la Comisión Europea ha considerado ilegal.

«Se hizo por 1.000 millones de euros lo que podía haberse hecho por 100 millones», ha señalado el director general de SES Astra Ibérica, Luis Sahún, durante un encuentro con periodistas en Madrid. Esos 1.000 millones de euros incluye tanto las subvenciones que se dieron a los operadores de red para lograr que la TDT llegara a esas zonas remotas y que ahora Bruseles reclama que se devuelvan, unos 236 millones de euros, como el coste de mantenimiento de esa red durante diez años, que Astra cifra en 60 o 70 millones anuales.

Sahún ha subrayado el director general de SES Astra Ibérica, compañía que recurrió la decisión del Gobierno ante la Comisión Europea, al «ciudadano no se le causa ningún prejuicio» con la decisión de la Comisión Europea y ha pedido al Gobierno que convoque concursos públicos para que distintas tecnologías, como el satélite, puedan optar a llevar la televisión a las regiones remotas de España.

La Comisión Europea dio en junio cuatro meses de plazo al Gobierno de España para que recupere los 236 millones de euros de subvenciones que considera ilegales. Bruselas entiende que estas ayudas son ilegales porque se destinaron exclusivamente a los operadores terrestres, discriminando a otras tecnologías como el satélite, el cable o Internet, y no fueron notificadas al Ejecutivo comunitario.

EP