La CE investiga la legalidad de las ayudas dadas por España a la TDT

La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación en profundidad para dilucidar si las compensaciones dadas por España a los difusores de televisión digital terrestre (TDT) para liberar espectro radioeléctrico se ajustan a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.

La CE ha indicado en un comunicado que examinará si eran «necesarias y proporcionadas» las compensaciones ofrecidas a las televisiones por los costes extra de emitir en paralelo mientras se reasignaban los servicios a otras frecuencias para liberar dividendo digital.

También ha señalado que mantiene dudas sobre si la iniciativa pudo favorecer a los operadores de televisión terrestre frente a «otras tecnologías disponibles».

Bruselas ha asegurado que la apertura de una investigación en profundidad ofrece a las partes implicadas la posibilidad de remitir sus comentarios y dar mayor «certidumbre legal» a los beneficiarios de las ayudas, y ha dejado claro que no prejuzga» el resultado de la misma.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha indicado que la liberación de radiofrecuencias que tradicionalmente usaban radio y televisión para darles otros usos, como la banda ancha, «crea tremendas oportunidades para un mejor uso del espectro, pero tenemos que asegurarnos que esas oportunidades cumplen las normas».

La CE ha recordado que, para garantizar la continuidad de los servicios durante el cambio de frecuencias, las autoridades españolas pidieron a las televisiones emitir simultáneamente tanto a nivel analógico como digital durante un periodo de transición de entre seis y 24 meses, mientras los ciudadanos adaptaban sus televisores para recibir la señal digital.

Esta operación había entrañado costes adicionales para los radio difusores, por lo que España puso en marcha un plan para compensarles, ha resumido la Comisión, que ha confirmado que, actualmente, no dispone de «suficiente información» para determinar si la medida es «necesaria y proporcionada».

Asimismo, ha expresado su «preocupación» porque la medida haya podido favorecer a las televisiones digitales terrestres en detrimento de otras tecnologías, como la transmisión por satélite, lo que violaría el principio de neutralidad tecnológica.

También ha subrayado que España propone reasignar los servicios sólo a las frecuencias terrestres digitales, sin considerar plataformas alternativas, que también podrían ser apropiadas y estar disponibles para la liberación de radiofrecuencias.

Por otra parte, Bruselas dio su visto bueno a un plan notificado por España para apoyar las inversiones necesarias en los edificios con múltiples hogares para mantener la recepción gratuita de canales tras la reasignación de frecuencias.

En su opinión, esa medida se había concedido independientemente de la plataforma de transmisión o tecnologías empleadas, y cumple con el principio de neutralidad tecnológica.

La CE ya había abierto en septiembre de 2010 dos investigaciones en profundidad para averiguar si dos esquemas españoles para financiar la digitalización y la extensión de la red de televisión terrestre en España estaban en línea con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

Una de ellas se centraba en averiguar si el plan español para financiar la transición a la TDT favorecía ciertas tecnologías en detrimento de otras, en contra del principio de neutralidad tecnológica.

La otra investigación examinaba el esquema de transición en Castilla-La Mancha, donde además de una «posible discriminación tecnológica» estudiaría alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales.

Fuentes comunitarias indicaron que esos dos casos se referían en concreto a la ayuda dada por España para extender la cobertura en la llamada «área II», es decir, las zonas remotas o menos urbanizadas (que cubren cerca del 2,5 % de la población) en las que las televisiones pueden tener menos interés en prestar su servicio.

Señalaron, además, que la investigación abierta es un caso separado y concierne a nuevas medidas notificadas por España, y apuntaron que el «único elemento común» entre todas es que se está examinando el tema de la neutralidad tecnológica.

Efe