Tres Comunidades Autónomas avanzan su intención de privatizar el modelo de su TV públicas
La Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que Cataluña, Extremadura, Andalucía y Galicia han anunciado que mantendrán la gestión pública.
En el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril, el Gobierno aprobó una modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual que permite a los gobiernos autonómicos que lo deseen, o bien privatizar las televisiones públicas regionales, o bien quedarse con su gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit. Además, da la opción a las administraciones autonómicas de confiar a una empresa privada la producción de sus informativos, un extremo que hasta ahora estaba prohibido por ley, aunque ‘de facto’, algunas televisiones autonómicas ya lo hacían para ahorrarse costes. Actualmente, en España hay un total de 13 televisiones autonómicas, que emiten en Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Murcia, Asturias, Aragón y Extremadura. Cada una de ellas tiene, no obstante, unas características muy distintas.
En este sentido, las que comenzaron sus emisiones antes –ETB (País Vasco), TV3 (Cataluña), TVG (Galicia), TVV (Valencia) y Canal Sur (Andalucía)– son en general las que tienen un mayor presupuesto y un mayor coste para los ciudadanos de sus comunidades, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España de Deloitte para UTECA con datos de 2010, aunque hay excepciones como el caso de Telemadrid, la televisión de Aragón o la de Baleares. Así, Telemadrid a pesar de haber sido de las primeras –comenzó sus emisiones en 1989– es una de las que menos coste tiene para los ciudadanos de su región (49 euros por hogar, según Deloitte), mientras que la pública de Aragón, que comenzó en 2006, tiene un coste neto por hogar –descontando lo que ingresa por publicidad– de 126 euros, y la de Baleares, que también empezó tarde, en 2005, tiene el mismo coste de 126 euros.
El tamaño de la plantilla, la deuda acumulada y la forma de gestionar las televisiones públicas también es muy distinta en cada comunidad autónoma. De hecho, aunque hasta la última reforma del Gobierno, estaba prohibido por ley que las cadenas autonómicas públicas delegaran la producción de sus servicios informativos a empresas privadas, al menos cuatro autonomías (Aragón, Baleares, Murcia y Canaria) ya venían haciéndolo en menor o mayor medida.
Hasta el momento, al menos tres comunidades (Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha) han anunciado su intención de cambiar de modelo o privatizar sus televisiones. Así, a los días de aprobarse la reforma del Gobierno por parte del Consejo de Ministros, la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Esperanza Aguirre, justificó la necesidad de privatizar Telemadrid en el déficit que la pública tiene y en que los gobernantes y los poderes públicos «no están para gestionar» las televisiones. «Lo he dicho hasta la saciedad, no creo que los gobernantes y los poderes públicos estemos para gestionar directamente, casi nada, pero desde luego no las televisiones», indicó Aguirre, quien señaló que los gobernantes están «para garantizar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad» y para inspeccionar que esos servicios se prestan adecuadamente.
También la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha mostrado claramente sus intenciones respecto a la televisión autonómica y ha afirmado su intención es privatizar o apostar por una gestión privada. «Lo mantengo como compromiso de Gobierno –indicó– Estamos en un proceso de saneamiento de la televisión pública y cuando ese proceso sea más definitivo de tal manera que pueda resultar financieramente viable esa gestión privada o esa privatización dependiendo de los casos y de las ofertas que tengamos para la televisión pública de C-LM, procederemos a ello».
Distinto es el caso de la Comunidad Valenciana, cuya televisión pública afronta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de un millar de trabajadores. En este caso, el Gobierno valenciano se ha manifestados partidario de mantener la gestión pública y encargar a empresas privadas la producción de los programas informativos como fórmula de ahorro. Así, el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Císcar, ha explicado que la futura ley de Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuyo anteproyecto ha presentado el gobierno autonómico, contemplará que el ente siga siendo «un servicio público en el que los contenidos informativos y de defensa de la lengua valenciana, su cultura y tradiciones se presten mediante gestión directa y que las producciones que se tengan que hacer se puedan externalizar mediante un procedimiento de colaboración público-privada».
Televisiones que se mantienen públicas
Mientras, al menos cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Extremadura, Andalucía y Galicia) han mostrado su intención de mantener la gestión pública de sus televisiones autonómicas. Así, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, aseguró poco después de conocerse la aprobación del real decreto que no se les «ha pasado por la cabeza» privatizar ninguno de los medios públicos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), entre los que se encuentran TV3 y Catalunya Ràdio.
«En el caso de Cataluña, los medios públicos de la CCMA tiene que continuar siendo públicos. Lo queremos dejar claro desde el primer momento», señaló Homs, que reivindicó el servicio público que realizan, y más en el caso de Cataluña a la hora de defender el catalán. También el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha descartado privatizar la televisión autonómica extremeña porque «no es deficitaria» y sus cuentas están «perfectamente embridadas» y «controladas».
Mientras, la consejera de Presidencia en funciones de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha insistido en la defensa del «carácter público» de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y ha apuntado que existe un compromiso por parte del PSOE andaluz y de Izquierda Unida de defender la naturaleza pública de la RTVA, que es «una garantía de pluralidad y de vertebración». Por su parte, el secretario general de Medios de la Xunta de Galicia, Alfonso Cabaleiro, ha asegurado que la apuesta del Ejecutivo gallego «es y será» mantener una Televisión de Galicia (TVG) pública y ha indicado que la «mayor prueba» de esta apuesta la constituye el hecho de que recientemente se aprobó una nueva ley para regular los medios públicos gallegos –con los votos de PPdeG y PSdeG–, en la que se ratifica «su carácter público».
EP
