Industria pagará cinco millones para controlar los contenidos de TV y radio

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto un concurso, por un importe total de 5 millones de euros, para elegir a una empresa que se encargue del «seguimiento, control e inspección» de los contenidos de las televisiones y radios para asegurarse de que cumplen con lo establecido en la Ley Audiovisual.

En el pliego de condiciones del contrato, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio reconoce que «debido al volumen del objeto del contrato y a la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos», la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, encargada de este control mientras no se cree el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), previsto en la misma ley, «no se halla en condiciones de afrontar tales tareas».

De esta manera, el ministerio opta por contratar a un compañía privada para realizar las labores de inspección y asegurarse que las televisiones y radios respetan lo que establece la Ley Audiovisual, cumpliendo los horarios de protección a la infancia y el resto de restricciones que la ley impone a determinados contenidos como los pornográficos o los de temática esotérica.

En el pliego de claúsulas administrativas del concurso abierto por el Ministerio de Industria se establece un presupuesto máximo de licitación de 2,5 millones de euros y un valor estimado del contrato, incluidas las eventuales prórrogas y modificaciones previstas, de 5 millones de euros. Asimismo, se establece que la duración de contrato se extenderá desde el 2012 hasta el 2014, aunque podrá prorrogarse más allá de esta fecha.

Tal y como figura en el pliego de condiciones, el objetivo es «disponer en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de la información necesaria, en la forma y tiempos que se establecen más adelante, para poder cumplir las funciones que tiene encomendadas en cuanto a seguimiento, control e inspección en la difusión de los servicios de comunicación audiovisual».

Para ello, la compañía elegida por Industria deberá crear una base de datos de «todas las emisiones realizadas por los servicios de comunicación audiovisual bajo estudio durante el periodo de duración del contrato». Asimismo, la empresa deberá informar a Industria de la «programación de los distintos servicios de comunicación audiovisual especificando las franjas horarias en las que se producen las distintas programaciones así como el contenido y la duración».

En estos informes, deberá especifircarse aquellos situaciones en que se haya producido modificaciones respecto a la programación anunciada, emisiones de contenidos calificados para mayores de 18 años fuera de la franja entre 22.00 y las 06.00 horas, emisiones para mayores 18 años sin permanencia de indicador visual, emisiones de contenidos calificados para mayores de 13 años dentro de las franjas de protección reforzada, emisión de programas dedicados a juegos de azar y apuestas fuera de la franja entre 01.00 y 05.00 horas, y, en general, cualquiera de las situaciones que implica una vulneración de la Ley Audiovisual, en lo referido a programación o publicidad.

Asimismo, la compañía elegida por Industria controlará la audiencia de los distintos programas y vigilará que las televisiones cumplen con los servicios de subtitulación, audiodescripción y lenguaje de signos, así como la opción para el usuario de elección del idioma original en producciones extranjeras y las aplicaciones y servicios interactivos que ofrecen.

Durante el período 2005-2011, el Ministerio de Industria ha mantenido de forma continua las actuaciones sancionadoras en materia audiovisual. Así, en lo que va de año, según datos provisionales del departamento que dirige Miguel Sebastián, se han abierto cinco expedientes a las televisiones por vulneraciones de la protección de menores; cuatro, por exceso de publicidad; siete, por publicidad ilícita; y dos, por exceso de interrupciones publicitarias.

En 2010, el ministerio abrió 30 expedientes por vulneraciones de la Ley Audiovisual que se tradujeron en 98 infracciones a operadores por una cuantía total de 2,4 millones de euros, y esta cifra puede aumentar, ya que todavía hay expedientes en proceso de trámite.

EP