La industria audiovisual exige que la próxima TDT tenga un coste mínimo

Las cadenas de televisión, la industria audiovisual y los usuarios se han unido para reclamar en el Congreso de los Diputados que la anunciada reordenación de la TDT por la llegada de los servicios de telecomunicación de quinta generación (5G), lo que se conoce como Segundo Dividendo Digital y la consecuente reasignación de canales, respete el interés general, tenga garantías para los ciudadanos y los agentes afectados y suponga el menor coste posible.

Se trata de UTECA, Cellnex, Fenitel, Televés, FAPAE, CC.OO., el Sindicato de Periodistas, Unired, la Academia de la Televisión, PATE, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, ICMedia y Tryo Comunicaciones que, agrupados como ‘Televisión Abierta’, han presentado en el Día Mundial de la Televisión, su proyecto en la Cámara Baja en donde han firmado un documento al que han llamado ‘Compromiso con el futuro de la televisión abierta’.



En este manifiesto, la agrupación denuncia que la próxima decisión sobre el uso de la Banda UHF, que debate actualmente la UE, “obligará a una nueva reducción del espectro de la TDT para su asignación a los operadores de telefonía móvil”, lo que supondrá “una nueva reubicación de frecuencias y el consabido impacto en los ciudadanos”.

El objetivo del manifiesto está en “asegurar una televisión en abierto y de acceso universal durante los próximos años”, por lo que piden una “seguridad jurídica a largo plazo” para afrontar los retos del Segundo Dividendo Digital y el nuevo ciclo inversor que la industria televisiva tendrá que acometer.

Por ello, consideran “de vital importancia” que se garantice la asignación, hasta al menos 2030, del espectro de la Banda sub-700 MHz a la TDT, según ha explicado el operador de infraestructuras Josep Ventosa. Este espectro, ha añadido, es lo que quedará “para el broadcast después del Segundo Dividendo”.

Comunicación de cambio hasta 2022

Además, piden “racionalidad en el calendario” para acometer el Segundo Dividendo Digital, considerando “imprescindible” que la hoja de ruta nacional para el proceso de migración, que exigirá una nueva reubicación de emisiones y la sintonización y adaptación de las instalaciones de recepción de los hogares, sea no-disruptiva y tenga el menor impacto y coste económico tanto para los ciudadanos como para los distintos agentes afectados. En este caso, contemplan 2022 como fecha final del proceso para poder comunicar adecuadamente el cambio



Del mismo modo, hablan de un “equilibrio económico” necesario para establecer los mecanismos legales adecuados para que parte de los fondos obtenidos por la adjudicación a los operadores de servicios de telefonía móvil del espectro de la banda 700 MHz que ahora ocupa la TDT sean consignados para compensar los costes de los ciudadanos y agentes afectados por la migración forzada de los servicios TDT de la Banda 700 MHz.

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