Las emisoras comunitarias impugnan el concurso de canales de TDT por “excluirlas”

La Red de Medios Comunitarios ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la convocatoria del concurso para la adjudicación de seis canales de TDT de ámbito nacional, puesto en marcha el pasado mes de abril, al entender que las bases del concurso “son discriminatorias y excluyen a las televisiones comunitarias”.

Según ha explicado esta asociación en un comunicado, en este recurso también se alerta de la situación de inseguridad jurídica a la que se van a enfrentar los adjudicatarios de las licencias por las próximas Sentencias del Tribunal Supremo.

Las licencias que se adjudican mediante este concurso fueron incluidas en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y contra dicha normativa se han presentado una decena de recursos ante el Tribunal Supremo.

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“De prosperar podrían dejar sin efecto la adjudicación de las licencias, algo similar a lo ocurrido con la sentencia de 27 de noviembre de 2012 que obligó al cierre de nueve canales”, han recordado.

Por otra parte, paralelamente al concurso de adjudicación, ha puesto en marcha la campaña ‘#DemocratizaLasOndas’ que promueven la Red de Medios Comunitarios (ReMC) junto a televisiones comunitarias pioneras como Televisió de Cardedeu o TeleK de Vallekas.

Mediante esta campaña, estas entidades han llevado al Tribunal Supremo el reparto del espectro realizado por el Gobierno, por entender que el reparto de televisiones realizado por el Gobierno es contrario a la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

“Dicha ley establece en su artículo 32 que las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro tienen como finalidad atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación de comunidades y grupos sociales, así como fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, para lo cual la Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”, han indicado.

En este sentido, ha destacado que la Defensora del Pueblo se ha hecho eco de esta situación y ha realizado varios recordatorios de deberes legales en los que reclama al Gobierno el cumplimiento de la ley audiovisual.

EP


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