La Junta de Andalucía rechaza el Plan TDT del Gobierno

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha expresado el desacuerdo del Gobierno andaluz con el Plan Técnico Nacional De Televisión Digital Terrestre (TDT) que prepara el Ejecutivo central por afectar gravemente a las competencias autonómicas. El nuevo plan obliga a las comunidades a abrir una banda para comunicaciones móviles y a suprimir completamente un canal múltiple autonómico de TDT.

Por este motivo, el consejero le ha solicitado al Secretario de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, reiniciar la tramitación de este proyecto de Real Decreto, en una convocatoria que cuente con las comunidades autónomas. En este sentido, el consejero ha exigido que se convoque el Pleno del Comisión Permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) para tratar esta cuestión.

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Según Jiménez Barrios, el Gobierno central ha adoptado este plan sin reunirse con las autonomías –representadas en el pleno del CATSI-, ni tener en cuenta las alegaciones que Andalucía realizó en 2012 al primer borrador del Real Decreto. En su opinión, las decisiones previstas en el borrador actual afectan a la distribución de competencias entre Estado y Andalucía y contiene medidas que afectan grave y directamente a las competencias de la comunidad en materia e comunicación social.

En este sentido, lamenta que una de las iniciativas propuestas es la eliminación de uno de los canales múltiples autonómicos de la TDT, previsto en el vigente Plan Técnico Nacional. El consejero ha explicado que esta medida supone una intromisión competencial del Estado en el ámbito audiovisual andaluz, al tiempo que limita las posibilidades de desarrollo real de esta industria, impidiendo la coexistencia en el territorio de Andalucía de proyectos empresariales públicos y privados diversos.

Del mismo modo, ha apuntado que esta supresión supone un tratamiento discriminatorio para Andalucía, ya que el borrador permite a Cataluña la disposición de un canal múltiple adicional privado, mientras que le arrebata a Andalucía el segundo múltiple privado.

Por otra parte, la Junta reclama al Estado tener competencias para gestionar la documentación de los prestadores autonómicos y locales del servicio de televisión y para mediar en los conflictos de gestión que surgieran entre las entidades que participan en los canales múltiples de la comunidad.

Finalmente, el proyecto también regula algunos aspectos para la liberación del dividendo digital, sobre el que el Gobierno andaluz considera imprescindible el establecimiento de las compensaciones económicas a la ciudadanía para su implantación, tal y como recoge el plan nacional de actuaciones para la liberación del dividendo digital.

Sevilla Actualidad

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