Tres millones y medio separan a RTVV de los trabajadores para pactar el ERE

La negociación del despido colectivo en Canal 9 entra en su recta final con las dos partes firmes en sus posiciones, aunque la distancia –en euros– entre las propuestas de una y otra se antoja salvable antes de que venza el periodo legal de consultas, algo que sucederá a las 23.59 horas del próximo domingo.

La cadena, representada por los liquidadores y la consultora KPMG, y el comité de empresa se cruzaron ayer propuestas para pactar el expediente de regulación de empleo (ERE), pero ninguna de las partes aceptó la oferta de la otra ni se avino a ajustar la suya. Entra en la lógica de la negociación, si bien el tiempo se echa encima, ya que cualquier acuerdo debe tener un cierto margen para que sea refrendado en asamblea general de empleados o en parciales de los diferentes sindicatos que lo consideren así.

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El comité de empresa fue el primero en mover ficha ayer al poner sobre la mesa una propuesta unánime que supone un coste de 86,6 millones en indemnizaciones para los más de 1.600 despedidos. La parte patronal pidió hora y media para debatir y consultar. Su respuesta fue negativa. Y lanzó al tiempo una contrapropuesta que ya había avanzado extraoficialmente el pasado martes. Comporta un monto en compensaciones por los despidos de 83 millones.

Al margen de lo económico, la «última» oferta empresarial está condicionada a la aceptación unánime de todo el comité. O sea, que si un solo sindicato la rechaza, RTVV vuelve al planteamiento mínimo para un ERE: 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades. La intención es clara: evitar otra demanda colectiva al proceso. Los principales sindicatos llevaron ayer tarde la oferta de la empresa a sus asambleas de afiliados y la respuesta dominante fue el «no». El 75 % de la masa social de Intersindical en RTVV votó en contra de la propuesta de la dirección. CC OO también rechazó la oferta patronal. CGT, por su parte, dijo no a las dos propuestas ante la «mala fe» de la empresa. La asamblea de UGT, en cambio, votó a favor de aceptar.

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