Andalucía se opone a la supresión del segundo canal múltiple autonómico

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado que el Gobierno andaluz “se va a oponer firmemente a la supresión del segundo canal múltiple autonómico” en la Comunidad. En su opinión, esta medida va a tener altos costes tanto para los ciudadanos como para los radiodifusores de televisión.

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Así lo ha manifestado durante su intervención ante la Comisión de Presidencia del Parlamento, donde ha sido preguntado por la liberación del dividendo digital, por la que el Ejecutivo central obliga abrir una banda para comunicaciones móviles y a suprimir completamente un canal múltiple autonómico de TDT.

Según ha explicado, esta iniciativa provocó, desde su aprobación en 2011, un “desacuerdo” por parte de la Junta “motivado no sólo por las medidas que contenía, que afectaban grave y directamente a las competencias de esta comunidad autónoma en materia de comunicación social, sino también por el procedimiento de elaboración de la norma, pues se había obviado la participación directa de Andalucía y del resto de comunidades autónomas”.

Entre los principales perjuicios de la implantación de esta medida, Jiménez Barrios ha indicado que un único canal múltiple autonómico no tendría capacidad para dar cabida a todas las concesiones y licencias otorgadas previamente en Andalucía, al tiempo que supondría “un crecimiento exagerado de los costes actuales de difusión de la señal, que en un contexto de austeridad y limitación presupuestaria”.

Por otra parte, ha señalado que el proceso de liberación del dividendo digital conlleva un perjuicio para los radiodifusores de televisión, ya que el cambio de frecuencia provocaría “una pérdida de audiencia durante el periodo de adaptación ciudadana”.

Asimismo, ha indicado que también “supondría un perjuicio para los ciudadanos, que muy recientemente ya habían procedido a la adaptación de sus instalaciones para la recepción de televisión digital terrestre y ahora deberían adaptarlas, en algunos casos, a la migración de los canales”.
El consejero ha apuntado que el Gobierno andaluz estima que el coste medio de la adaptación de las instalaciones en las comunidades de propietarios “rondará los 300 euros, mientras que, en el caso de las de las viviendas individuales tendrá un coste medio de 120 euros”.

Jiménez Barrios ha citado datos de la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones según los cuales “la ciudadanía andaluza podría sufrir un coste de 280 millones de euros para adaptar los más de 2,1 millones de edificios censados en Andalucía que podrían necesitar ser adaptadas para poder seguir viendo la televisión”

Por este motivo, el consejero ha pedido al Gobierno central a que cumpla con el Plan Marco de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital que consideraba que, “para la correcta implantación del mismo, era necesario otorgar las compensaciones necesarias que mitigara dichos perjuicios”.
Sin embargo, ha lamentado que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, haya manifestado que “no sólo no habrá ayudas económicas a los usuarios para sufragar los gastos derivados de la implantación del dividendo digital, sino que tampoco ha terminado de aclarar si se van a subvencionar a las empresas responsables de la difusión de la señal de televisión en España”.

El consejero ha destacado que la Junta va a “proteger a la ciudadanía de sufrir, directamente, en su bolsillo, el impacto y la repercusión que conlleva la implantación de nuevas tecnologías y el incremento de servicios de televisión digital, así como también proteger a un sector, generador de empleo y riqueza en nuestra comunidad, como es el sector Audiovisual, que precisamente, y ante las actuales circunstancias, no atraviesa por uno de sus mejores momentos”.

EP

 

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